
Cuando uno cuenta algo, hay palabras que aunque uno no las quiera utilizar, por considerarlas muy duras, a medida que avanza en el relato de los acontecimientos, éstas saltan ante los ojos del lector aunque no se las hayan escrito. Por más asepsia emocional que el autor quiera imprimir a una historia, cuando lo que se quiere contar es asqueante o indignante, la palabra deliberadamente no usada, irrumpe, se abre paso, y cobra muchísima más presencia que las efectivamente escritas.
El 23 de abril se encendió una luz de alarma en Venezuela, con la detención del periodista Joaquín Pérez Becerra, fundador de la Agencia de Noticias de la Nueva Colombia (ANNCOL) a su llegada a un aeropuerto venezolano: Había partido de Suecia, donde hace años, primero consiguió el status de refugiado político y luego el de ciudadano sueco (renunció a la ciudadanía colombiana), y después de una breve escala en Frankurt, el vuelo se dirigió a Venezuela.
Una vez que el avión partió de Alemania hacia el continente americano, Colombia elevó un "Alerta Roja" a la Interpol, y el presidente Santos llamó a su par venezolano para que lo detengan y se lo entreguen. No bien arribado, Joaquín Pérez Becerra fue apresado e incomunicado. Dos agentes secretos colombianos viajaban con él en el avión espiando sus movimientos. No se le reconoció ningún derecho: Los abogados no pudieron acceder a él, el recurso de Habeas Corpus presentado fue rechazado. Y dos días después (25 de abril) fue deportado, no a su país (Suecia), sino a Colombia donde se lo acusa de pertenecer al Frente Internacional de las FARC-EP, ya que consideran a la ANNCOL como parte de ese grupo insurgente.
Joaquín Pérez Becerra fue un político sobreviviente de lo que fue la Unión Patriótica. Un partido que sufrió un verdadero genocidio por parte del terrorismo de Estado Colombiano. Un partido que perdió a 6000 de sus miembros en manos de fuerzas militares y paramilitares. Joaquín logró huir de esa matanza orquestada desde el Estado oligárquico colombiano, pero antes perdió a su primera esposa, quién también fue asesinada por los sicarios de la para-política.
El caso del periodista Joaquín Pérez Becerra que tuvo amplia difusión mundial, logró hacer visible un pacto de "cooperación" entre Chávez y Santos. Salió a luz también que éste no fue el primer caso en que Chávez le entrego al régimen terrorista colombiano a compañeros revolucionarios. En los últimos 9 meses, unos 6 guerrilleros de las FARC y del ELN, fueron capturados en Venezuela y enviados al país que tiene 7500 presos políticos, 57000 desaparecidos, al país donde se descubrió la mayor fosa común de Latinoamérica (en el pueblo La Macarena) con unos 2000 cadáveres, al país de los falsos positivos, al país de los millones de campesinos desplazados por la oligarquía, al país donde la "Justicia" expulsó a la senadora Piedad Córdoba de su banca por "colaborar con las FARC", cuando su verdadero "delito" fue buscar una salida negociada, un acuerdo humanitario en el tema de los rehenes.
El pasado 30 de mayo cayó detenido en el Estado de Barinas, Venezuela, el Comandante Julián Conrado, también conocido como "El cantante de las FARC". Su apresamiento fue una tarea conjunta entre fuerzas venezolanas y colombianas. El anuncio de que Conrado había sido detenido en Venezuela fue hecho por Santos en una ceremonia en la Escuela Militar José María Córdova. Dijo que "la captura fue producto de la cooperación en materia de inteligencia entre autoridades de los dos países". Inmediatamente después, Santos twiteó: "Gracias al Presidente Chávez por la captura de alias Julián Conrado´ terrorista de las FARC que tanto daño le hizo al país".
Julián todavía está en Venezuela a la espera de ser deportado hacia el régimen asesino colombiano. Luego de algún tiempo en las mazmorras colombianas, se dice que después sería extraditado a EEUU adonde también se lo juzgaría.
Para justificar la entrega de compañeros al enemigo, se adujo "razones de Estado", se habló de "acuerdos de cooperación entre países", del "Derecho Internacional", y por último que la "Revolución Bolivariana estaba en peligro" y que no podían sumar más conflictos a los que ya tienen, y que de última la culpa es de los deportados por comprometer al proceso bolivariano al ingresar al territorio venezolano.
Otro hecho condenable, fue la censura del caso Joaquín Pérez Becerra en los medios de comunicación que responden al Estado venezolano (Telesur, Agencia Bolivariana de Noticias, canales estatales de televisión, etc), la única excepción fue la Radio del Sur, cuya directora fue separada de su cargo por violar el cerco informativo impuesto al caso.
"Una revolución no entrega revolucionarios" es la voz que por éstos días se repite de una punta a otra del continente. Y para ejemplificarlo se recurre a la historia:
El 15 de agosto de 1972 se fugaron del penal de Trelew, ubicado en el sur de la Patagonia argentina, veinticinco guerrilleros encarcelados por la dictadura de Lanusse. Todos ellos llegan al aeropuerto de esa ciudad austral pero seis solamente, altos dirigentes de tres organizaciones guerrilleras (ERP, FAR y Montoneros), logran subir a un avión previamente secuestrado por un comando guerrillero de apoyo. Los otros diecinueve son recapturados y unos días después, el 22 de agosto, son alevosamente asesinados por la dictadura en lo que se conoce como la "Masacre de Trelew". El avión con los seis dirigentes guerrilleros cruza la Cordillera de los Andes y llega a Chile donde gobernaba Salvador Allende. Demás está decir el tremendo problema político que significó para el gobierno de Allende -acosado ferozmente por el imperialismo yanqui y la derecha golpista- la situación generada por los fugados. Esa sí era una verdadera "papa caliente": nada menos que media docena de jefes guerrilleros -no meros periodistas o refugiados- habían entrado ilegalmente al país -secuestro de avión mediante- y eran reclamados por la dictadura argentina. Sin embargo, fiel como siempre a su ética revolucionaria y rechazando de plano las "razones de estado" y las recomendaciones de "prudencia" que le hacían algunos de sus principales asesores, el camarada Allende no vaciló en darles asilo y gestionar su posterior viaje a la Cuba revolucionaria donde tampoco Fidel vaciló en recibirlos. Otros intelectuales también marca la diferente actitud del entonces Presidente Lula en el caso del cura "Camilo", un guerrillero de las FARC detenido en Brasil en el 2004, y cuyo pedido de extradición fue rechazado por la justicia brasileña y terminó siendo reconocido como refugiado político.
Sin ir muy lejos, nuestro país en el 2010 se negó a entregar a Chile a Galvarino Apablaza Guerra (a) "Comandante Salvador", un ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodriguez, quien fue detenido en el 2004 en la localidad de Moreno. donde residía con su mujer y sus hijos con un nombre falso. Luego de pasar unos meses detenido en la Cárcel de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de Buenos Aires, el juez Claudio Bonadío decidió no conceder la extradición a Chile por entender que en ése país se había afectado su derecho al debido proceso y a la defensa. Unos años después el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia quien autorizó la extradición y señaló que la decisión final estaría en manos del Poder Ejecutivo en vista de los derechos que le corresponden al acusado por aplicación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado. El fallo de la Corte destacó que tal legislación sostiene que
"ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Por último, el Poder Ejecutivo encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, decidió otorgarle asilo político, a pesar de las presiones de la derecha política (Macri, Carrio, etc) y la derecha mediática (Clarín, La Nación, Perfil, etc)
Hay una palabra que omití escribir, pero aunque tácita, habrá acudido varias veces a la mente de quien lea ésto. No es necesario que aclare cuál es.